La APB otorga, en el puerto de Mahón, la explotación de los amarres del muelle de Levante a Trapsayates.  

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha concedido la explotación de los puestos de amarre en el muelle de Levante, entre la punta de Cala Figuera y la punta del Rellotge del puerto de Mahón, a la empresa Trapsayates S.L., por un período de catorce años y diez meses. El presidente de la APB, Francesc Triay, ha resuelto el otorgamiento de la concesión, que ha sido notificado hoy al nuevo concesionario.

De esta forma finaliza la Autorización de Ocupación Temporal (AOT) de espacio que venía utilizando Trapsayates desde octubre de 2008. Un permiso que le autorizaba a gestionar los amarres de esta zona del puerto de Mahón mientras se tramitaba la concesión y tras finalizar la AOT que ostentaba el Club Marítimo de Mahón desde 2001.

Este permiso provisional se concedió después de que el Consejo de Administración de la APB eligiese la propuesta de Trapsayates como la solución más ventajosa del concurso de explotación de dichos amarres y autorizase la tramitación de la correspondiente concesión.

Trapsayates aportará un canon anual de 600.000 euros durante los casi quince años que durará la concesión y una inversión inicial para la mejora de las instalaciones actuales de 2,9 millones de euros.

Información pública

El proyecto básico propuesto por Trapsayates fue sometido a exposición pública el pasado mes de octubre. El Ayuntamiento de Maó presentó un informe con recomendaciones técnicas, que serán incorporadas al correspondiente proyecto constructivo.

Asimismo, fueron presentadas dos alegaciones: por una parte, el Club Marítimo de Mahón pidió la anulación de la adjudicación del concurso y, por otra, a título personal, José Ignacio Seguí Chinchilla solicitó anular el informe de la Comisión Técnica aprobado por el Consejo de Administración de la APB. En los dos casos por considerar que el proyecto de Trapsayates incumplía las bases del concurso. Ambas alegaciones han sido rechazadas. Las cuestiones planteadas ya fueron consideradas en su momento por la Comisión Técnica evaluadora y, en su caso, serán tenidas en cuenta en el proyecto de construcción que deberá presentar el nuevo concesionario.