Partido de los No-Fumadores: Valoración de cuatro años de vigor de la Ley 28/05 y de perspectivas ante la nueva ley  

Después de cuatro años de vigor, por fin al Gobierno le ha convenido reconocer a través del INE lo que la sociedad civil intuía desde hace tiempo: esta ley ya no sirve. Es más, su orgullosa defensa durante estos años no ha hecho sino confundir a la opinión pública y contribuir a una innecesaria demora en la aplicación de nuevas y efectivas políticas de lucha contra la lacra. Tal es así, que los propios portavoces de los intereses de la Industria Tabaquera han terminado promocionando la validez de su texto más allá de lo admisible porque, no olvidemos, que el 31,5% de la población mayor de 16 años fuma regularmente y casi el 80% lo hace delante de niños, enfermos, embarazadas y de gente que no fuma con el beneplácito (más bien al amparo) de la presente ley.

Por tanto, queda al desnudo un panorama desolador: las cifras y porcentajes sobre tabaquismo vuelven a los niveles de hace cinco años y los intentos de proteger los derechos de los que no fuman han fracasado igualmente. Si el Gobierno alguna vez se propuso luchar decididamente contra el tabaquismo es evidente que ya ha claudicado.

Según nuestra observación, el incumplimiento permanente de la normativa sobre regulación del tabaco en organismos, empresas y locales de ocio en nuestro país es casi generalizado. Las denuncias presentadas por nuestro partido, por otras organizaciones civiles y particulares se cuentan por miles. En contraposición, el número de cobros efectivos de multas llevado a cabo por las administraciones, no sabemos si supera las decenas.

Desde el PNF nos vemos en la obligación de calificar la situación descrita como de emergencia nacional. Constituye un problema de estado cuyas implicaciones van más allá del plano estrictamente sanitario o del conflicto de derechos en el orden cívico. La íntima relación entre paro, crisis económica e incidencia del tabaquismo viene a demostrar que la recaudación resultante de la venta de labores del tabaco tampoco está ayudando a paliar nuestro déficit fiscal. Como prueba, y coincidiendo con el repunte del volumen de venta de tabaco de estos últimos meses, España lidera el 'Índice de miseria' elaborado por Moody's, por delante de países como Letonia, Lituania, Irlanda o Grecia.

Solicitamos al gobierno una reforma urgente de la fiscalidad del tabaco orientada a la reducción del volumen de ventas y no a su auspicio. Es absurdo que en el Comisionado para el Mercado de Tabacos se sigan congratulando por el éxito de las ventas de tabaco mientras el país se sume en la pobreza y la enfermedad; la economía española con sus exageradas tasas de tabaquismo entre la población activa no puede competir con la de países de nuestro entorno, cuyos porcentajes de trabajadores que fuman apenas superan el 20%. Así, jamás saldremos de la crisis, con un rendimiento laboral tan deficiente y un gasto social y sanitario tan abultado.

Previamente a la redacción del anteproyecto de ley, nos gustaría que se llegase a un pacto de estado destinado a salvaguardar la claridad del nuevo texto, el cual no debe dejar a la vista ni excepciones, ni medias tintas. Además, ha de tratar el incumplimiento de las leyes del tabaco como una cuestión policial, concediendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías autonómicas y a las locales la competencia en la imposición directa de multas. Dadas las experiencias pasadas, convendría hacer público un acuerdo así.

También creemos en la urgente necesidad de reanudar las campañas de concienciación en televisiones públicas, cuya ausencia a fecha de hoy no se explica. Vemos necesario diseñar campañas dirigidas a jóvenes y, muy especialmente, a la población femenina joven y de mediana edad porque en estos grupos poblacionales es donde más han aumentado las tasas en estos últimos años.

Parece que el único sector que a estas alturas se opone a una nueva ley más restrictiva es parte del de la Hostelería, el Ocio y la Restauración. A sus pretendidos portavoces nos gustaría recordarles que sus alarmistas alegaciones de pérdidas de ingresos y empleos son infundadas. En sintonía con los conservadores datos que maneja el Gobierno, nuestras estimaciones apuntan a todo lo contrario: el sector de ocio y restauración va a ser el más beneficiado a corto y medio plazo. Las entrevistas y consultas dirigidas a la población fumadora desvelan que en una inmensa mayoría de los casos ésta no va a renunciar a su nivel de consumo ante una prohibición de fumar. Por otra parte, según estimaciones, una gran proporción de los 500.000 pacientes de enfermedades respiratorias crónicas pasarán a ser nuevos consumidores de productos de ocio y restauración, sobrecompensando así las hipotéticas pérdidas de clientes fumadores que mantienen su rencor de por vida y como venganza no vuelven a pisar un bar. Calculamos el aumento global de ingresos netos atribuibles a la nueva ley en torno a un 4% desde las primeras semanas de vigor.