El Parlamento Europeo defiende reducir las cargas administrativas de las microempresas  

La Eurocámara ha respaldado la propuesta de reducir las cargas administrativas de las microempresas eximiéndolas de presentar sus cuentas anuales. Los Estados miembros serían los responsables de decidir si aplican estas exenciones, dependiendo del impacto de la medida en cada país. En cualquier caso, las microempresas estarían obligadas a seguir llevando un registro de sus transacciones comerciales y su situación financiera.

El pleno del PE ha apoyado la propuesta con 445 votos a favor, 196 en contra y 21 abstenciones. En la resolución legislativa, los diputados piden una revisión general de las Directivas Cuarta y Séptima sobre Derecho de sociedades.

Cerca de 7,2 millones de empresas en la UE están obligadas a informar de su situación financiera. Alrededor de un 75% (5,4 millones) de esas empresas son microentidades que operan fundamentalmente en mercados locales y regionales, sin desarrollar casi ninguna actividad transfronteriza. Esta propuesta permitiría a los países de la UE simplificar el entorno en el que operan las microempresas suprimiendo los requisitos actuales de información financiera. Esta medida tiene como objetivo mejorar la competitividad de estas compañías y aprovechar al máximo su potencial de crecimiento.

El ponente parlamentario en este asunto, el eurodiputado alemán Klaus-Heiner LEHNE (PPE), considera que "el alcance de las microempresas se suele limitar a los mercados regionales y locales. En este sentido, carecen de impacto transfronterizo en el mercado único europeo. Por tanto, lo lógico es que se las incluya en las normas europeas de mercado interior".

La exención de tener que presentar las cuentas anuales se aplicaría a las empresas que cumplen dos de las siguientes condiciones: balance total inferior a 500.000 euros, volumen de negocios neto de menos de 1.000.000 de euros y/o media de 10 empleados durante el ejercicio.

El Parlamento Europeo subraya que los Estados miembros deberían poder decidir si aplican o no esta excepción, "teniendo en cuenta, en particular, la situación a nivel nacional en cuanto al número de empresas" que quedan incluidas en los umbrales mencionados anteriormente.

Con el objetivo de evitar que la norma afecte a la transparencia y al acceso a la información de las microempresas, los diputados dejan claro que, "como mínimo", éstas deben estar obligadas a seguir llevando un registro en el que consten las transacciones comerciales y la situación financiera de la empresa.

Durante el debate que precedió al voto, el ponente recordó que esta propuesta permanece bloqueada en el Consejo y pidió los países que están en contra que "reflexionen sobre su posición".

¿Cuánto se puede ahorrar?

La evaluación de impacto de la Comisión cita un estudio en el que se afirma que el coste medio para cada empresa que supone cumplir con las directivas de contabilidad asciende a 1558 euros. De esta cantidad, las cargas administrativas suponen 1169 euros. Si todos los Estados miembros eximieran a las microempresas de presentar las cuentas anuales y no impusieran ningún requisito adicional, la propuesta podría suponer un ahorro de 6300 millones de euros.