La FSP exige la dimisión del conseller Carbonero  

- La Ley del sector público, publicada hoy, impediría despilfarrar 106.200 euros

La FSP-UGT denunció, hace una semana, la malversación de dinero público que supone contratar a una asesoría externa, para realizar el estudio de fusión de las empresas públicas del Govern, cuando éste tiene a mano sus propios servicios jurídicos.

El despilfarro de dinero público, fue previamente denunciado por la FSP-UGT, el pasado mes de mayo, cuando un responsable del sindicato fue expulsado de una reunión de trabajadores, en la cuál el Conseller informó de la convocatoria de un concurso, alcanza la cantidad de 106.200 euros.

Las Consellerias de Educació i Cultura y la conselleria de Vivienda i Obras Pùbliques, disponen, en su organigrama, de departamento jurídicos propios. También el Govern de la CAIB tiene un Departamento Jurídico: Abogacía de la CAIB.

La Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la CAIB, aprobada el pasado dia 20 de julio en el Parlament, y publicada hoy en el BOIB: obliga expresamente, en su artículo 26 a:

1. El asesoramiento jurídico de los entes instrumentales corresponde, en primer lugar, al personal propio que tenga atribuïda esta función en la relación de puestos de trabajo.

2. La secretaria general de la conselleria de adscripción del ente puede pedir a la Abogacía de la comunidad autonóma que emita un informe en casos de especial transcendencia, con el informe previo de los servicios jurídicos de la conselleria, que ha de pronunciarse sobre la trascendencia del asunto y sobre el fondo de la cuestión desde el punto de vista jurídico

El Conseller Carbonero , conocedor de este texto legal, que llevaba un año de tramitación en el parlamento, convocó un concurso previo para sustraer el debate público.

Exigimos, en consecuencia, que se anule el procedimiento y que el IBAVI, lo destine a su fin fundacional: LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA.