El problema no es el transporte Aéreo

Consideremos el problema: el elevado coste de los billetes de avión y sus imprevisibles fluctuaciones, añadido al hecho de la insularidad, hacen que sea difícil para los menorquines desplazarse fuera de la isla y, también, que sea un destino poco atractivo para los turistas. Para realizar un análisis adecuado de la problemática, debemos tener en cuenta, en primer lugar, cómo se determinan los precios. Las aerolíneas utilizan un sistema de fijación de precios denominado "yield management" que consiste en mantener un control estratégico sobre el producto para vendérselo al consumidor adecuado en el momento adecuado, lo que conlleva una discriminación en el precio. (Pueden ustedes leer la explicación sobre este proceso de mercado en www.menorcamagenta.com que, por su extensión, no reproduzco aquí).
Resulta obvio que este sistema de determinación de precios puede resultar éticamente reprobable, especialmente si quienes sufrimos sus consecuencias padecemos el hándicap de la insularidad (o, peor aún, de la doble insularidad). Sin embargo, resulta igualmente reprobable la fijación de precios máximos por parte de las administraciones públicas. Si el gobierno impone un precio artificialmente bajo, deberá compensar la diferencia (entre lo que paga el usuario y lo que cobra la compañía) y abonarla echando mano de las arcas públicas, es decir, del dinero recaudado vía impuestos.
Ante la cercanía de las elecciones, algunos partidos políticos han entrado en una especie de subasta para ver quién da más para solucionar el problema del transporte aéreo. El PP promete vuelos a 30 euros. El PSOE ve su apuesta y la iguala. UMe también la ve y la sube: promete billetes a 20 euros. Y el PP, indignado ante el plagio que el PSOE ha hecho de su tarifa de 30 euros, añade que habrá billetes gratis para los estudiantes; claro ejemplo de discriminación. ¿Por qué los estudiantes sí y los demás no? ¿Por qué no regalar billetes también a los deportistas o a los sufridos empresarios, por ejemplo?.
Francesc Antich va más allá y asegura que "cualquier medida impositiva irá destinada a que paguen más los que más tienen". Craso error, Sr. Antich, permítame recomendarle que estudie un poco de historia económica elemental. Les voy a explicar brevemente por qué no van a "pagar más los que más tienen": en primer lugar, porque en Baleares cada vez hay menos gente
que "tenga"; en segundo lugar, porque los que "tienen" de verdad, son los que tienen también más recursos para eludir el pago de impuestos (vía asesores y paraísos fiscales); en tercer lugar, los que "no tienen", no pagan. En conclusión: termina pagando la clase media, que es la que se está ahogando por culpa de medidas antisociales como ésta. Y, sobre todo, porque la gran masa de riqueza de las sociedades desarrolladas, como la nuestra, no está en manos de unos pocos ricos sino de la clase media en general y, por eso, es ahí donde recauda impuestos la Administración Pública.
El verdadero problema, por tanto, no es el transporte aéreo. El verdadero problema es que los menorquines sufrimos un coste de doble insularidad que debe paliarse en todos los sectores y para todos por igual. Por ello, UPyD Menorca propone una doble solución:
-de un lado, una reforma fiscal integral e integrada dentro de la reforma fiscal que UPyD propone a nivel nacional para terminar de una vez por todas con la injusticia de las desigualdades entre territorios y entre ciudadanos.
-de otro lado, reactivar el sector turístico menorquín para que esta isla vuelva a ser un destino atractivo para los visitantes y, por tanto, para las compañías aéreas. Menorca nunca será rentable para las compañías si en invierno está infra-poblada y en verano el volumen de turistas es cada año menor (y encima seguimos haciendo ascos al turismo de mayor poder adquisitivo). Por ello, hemos diseñado un Plan Turístico Insular cuya columna vertebral consiste en la eliminación de trabas administrativas y fiscales para los emprendedores; porque lo que ahora "ahoga Menorca" no es el transporte aéreo en sí, sino que son las antediluvianas políticas proteccionistas e intervencionistas aplicadas por el actual equipo de gobierno.