Día 30 se celebraban dos juicios importantes en Menorca.  

El día 30 de marzo se estaba pendiente del juicio que se celebraba en los Juzgados de Mahón contra los 11 acusados por presunto tráfico de drogas.

El Fiscal pedía para los 11 acusados por presunto tráfico de drogas, detenidos a finales del año 2003, penas de 114 años de cárcel y una multa que en conjunto llegaba a los 2.000.000 euros. Los 11 presuntos miembros de una banda de narcotraficantes habrían introducido, entre octubre y noviembre del 2003, 200 gramos de cocaína y 15 kilos de hachís. 5 de los acusados no tenían antecedentes penales. Según el Fiscal, el jefe de las operaciones introducía la droga desde Mallorca y la Península. Para este presunto líder de la banda el Fiscal pedía 13 años de prisión y unos 800.000 euros de multa. Uno de los acusados habría cedido presuntamente su finca de Binicalsitx, para esconder droga en ella.

Finalmente el Fiscal rebajaba las penas que pedía para los 11 acusados por presunto delito contra la salud pública, de 114 años a 40 años de cárcel. De los 11 presuntos traficantes de drogas que eran juzgados el miércoles 30 de marzo en Mahón, 10 se declaraban culpables, lo cual permitía disminuir las penas.

Uno de los acusados se declaraba inocente de los cargos que se le imputaban. En cuanto a las multas el Fiscal también las rebajaba. Pasaban de ser de 1.800.000 euros a 570.000 euros. Los 11 acusados eran detenidos a finales del 2003. Todos ellos, presuntos miembros de una banda de narcotraficantes, habrían introducido entre octubre y noviembre del 2003, 200 gramos de cocaína y 15 kilos de hachís. 5 de ellos no tenían antecedentes penales. Según el Fiscal, el jefe de las operaciones introducía la droga desde Mallorca y la Península. El acusado que no quiso declararse culpable, se enfrenta a una pena de 9 años de cárcel y a una multa de 175.000 euros.

También día 30 se celebraba el juicio contra el Teniente de Alcalde de Urbanismo de Ciutadella, Llorenç Casasnovas y contra el empresario Joan Pons Anglada. Debía haberse celebrado el 2 de marzo.

Ambos comparecían como demandados y como demandantes. Llorenç Casasnovas, acusado de presunta agresión a Pons Anglada y éste a su vez por haber presuntamente, injuriado al Concejal del Ayuntamiento. El socio de gobierno del Partido Popular, Llorenç Casasnovas, presentaba como testimonios a los Concejales Avelino Casasnovas y Germán Jover que, según Casasnovas, presenciaron cómo el empresario le insultaba. Por su parte el Presidente de la Patronal agrícola, FAGME, le acusaba de haberle propinado un puñetazo y de amenazarle. Pero el empresario no tenía testimonios. Contaba eso sí, con un parte médico que acreditaba un hematoma en el rostro. El 2 de marzo se suspendió la vista porque según la versión oficial, el abogado de Pons Anglada no consiguió billete de avión.

El Fiscal pedía en este juicio que se condenase al socio de gobierno del Partido Popular por haber agredido al empresario.

Una reacción que pocos esperaban, ya que Pons Anglada se presentaba sin más prueba que el parte médico. Según el Fiscal, la declaración de Pons Anglada era coherente. Por todo ello el Fiscal pedía que el Teniente de Alcalde del PMQ pagase una multa de 2.700 euros, así como las costas del proceso. Según Casasnovas, no había habido ningún encuentro en la calle con el empresario. De hecho, presentó un testimonio que negaba que el Teniente de Alcalde hubiese salido del edificio en el momento de la presunta agresión. Por otra parte, el abogado de Casasnovas pedía la absolución de su cliente y pedía una multa de 180 euros a Pons Anglada por haber presuntamente insultado a Llorenç Casasnovas. Como prueba de que estos insultos existieron la defensa presentaba los testimonios de los Concejales del Partido Popular, Germán Jover y Avelino Casasnovas, así como del abogado municipal, Jaime Miró, que declaraba que Pons Anglada había dicho que Casasnovas era "un hijo de puta"; algo que no reconocían los demás testigos.