Activistas por la vivienda digna protestaron en el Salón Inmobiliario de Madrid.  

La "visita", que fue pacífica en todo momento, se articuló como una protesta por la especulación desmedida y los elevados precios de la vivienda en España, inalcanzables para la gran mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes.

Entre los mensajes escritos que llevaban los miembros de la plataforma se podían leer frases como "Que levante la mano el que tenga derecho a una vivienda pero no la pueda pagar", o "No somos tontos, la vivienda no vale lo que cuesta".

Este último mensaje era corroborado de alguna manera por la publicidad de algunas empresas presentes en el salón, ya que si algo ha caracterizado al SIMA 2006 es la poca afluencia de público y la abundancia de descuentos por adquirir una vivienda. El grupo murciano MAN ofrecía 12.000 euros de descuento y el grupo Pinar llegaba hasta los 18.000 euros en algunas promociones. Otras promotoras han ofrecido también descuentos económicos y algunas lo han hecho en especie, como un año gratis de Digital +, muebles gratis o rebajas en la hipoteca.

Uno de los aspectos de la feria que más indignó a los activistas por una vivienda digna fue la falta de viviendas asequibles para los jóvenes, destacando que un joven con un salario medio sólo pueda aspirar a una vivienda a 50 km de la capital, y aún así pagando más de 120.000 euros. "Quieren que nos vayamos de Madrid, y por eso protestamos en este salón, porque nuestra vida y familia está aquí y no queremos malvivir a 50 km de distancia", declaraba uno de los presentes.

La Plataforma por una Vivienda Digna () mantiene que las diferentes administraciones, en especial las autonómicas, tienen la principal culpa de la situación actual y reivindica medidas contundentes para atajar el gravísimo problema del acceso a la vivienda existente en España.

Algunas de estas medidas son una mayor carga impositiva a las viviendas vacías (sólo en Madrid se estiman en más de 300.000), reformas profundas en la gestión del suelo para no fomente la especulación, reformas en la gestión de las cooperativas, fomento del alquiler y medidas para asegurar la protección medioambiental en los nuevos desarrollos urbanísticos, entre otras.

La Plataforma, no alineada a ninguna corriente política y con comités en las principales regiones españolas, pretende seguir movilizándose y mostrando su rechazo a los altos precios de la vivienda, que contrastan con la precariedad laboral en la que se desenvuelve la mayor parte de la juventud española.