El Grupo Popular llevará al pleno de la próxima semana una propuesta dirigida al futuro gobierno de la nación para modificar la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera.
El Ayuntamiento de Alaior considera que las previsiones de esta norma perjudican y atenazan la capacidad de movimiento económico de las corporaciones que, como ésta, han cumplido escrupulosamente con la Ley. En el caso se Alaior, el Ayuntamiento aplicó además políticas internas de racionalización de la gestión en todos sus aspectos, y de esta manera pudo corregir la desastrosa situación económica de las arcas públicas que había a principio del pasado mandato.
El Grupo Popular considera que las medidas que aprobó el Congreso de los Diputados en abril de 2012 partían de un contexto de crisis extremadamente sensible, un contexto marcado por las advertencias de la Unión Europea así como vulnerable y amenazado por los avisos de los mercados financieros ante la inestabilidad presupuestaria de las instituciones. Dentro de ese panorama, generalizado y extensible a todo el territorio estatal, hay que recordar que el Gobierno central tuvo incluso que modificar la Constitución con el propósito de establecer la prioridad de enjugar la enorme deuda pública que la suma de administraciones tenían contraída.
Las circunstancias de entonces se explican fundamentalmente en un contexto de crisis y en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que en los años precedentes había proporcionado ingentes ingresos a los ayuntamientos, que a su vez habían incrementado los gastos.
La Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera introdujo una serie de medidas drásticas para conseguir que las instituciones frenaran un ritmo de gastos que ya no se correspondía con el nivel de ingresos. Entre las principales medidas, la ley fijó las normas para la estabilidad presupuestaria y creó por primera vez la regla de gasto, que establece un límite al crecimiento de gasto público.
La filosofía de la regla de gasto, explicada en términos inteligibles se resume en que a partir de la entrada en vigor de la ley, las administraciones no iban a poder financiar gastos recurrentes (o sea, los que se repiten como ordinarios) con ingresos que se producen sólo de forma eventual. Se trata, por tanto, de una ley que intenta ajustar el ejercicio económico de las entidades locales (y otros niveles de administración) a su propia realidad asegurada y no a expectativas inciertas.
En la práctica y a pesar de las ventajas y eficacia para la reconducción de la economía del país, esta ley ha demostrado tener algún punto flaco y de hecho alguna incoherencia flagrante que perjudica en especial a las instituciones que han dado mejor cumplimiento a la norma.
En el caso del Ayuntamiento de Alaior, por ejemplo, la gestión económica que se ha llevado a cabo en los últimos ejercicios ha reducido considerablemente el nivel de endeudamiento. Si en 2011 el Consistorio rozaba el límite máximo permitido, de 110 por ciento de deuda (sobre el presupuesto aprobado), en el momento presente el nivel de endeudamiento se sitúa en un 54 por ciento del presupuesto. La realidad de las arcas municipales es ya muy diferente, el Ayuntamiento se encuentra fuera de la franja de riesgo y, sin embargo, cuando cierra un ejercicio con superávit ocurren dos cosas:
- El Ayuntamiento no puede, de acuerdo con la ley, destinar a inversiones una parte del superávit, aun cuando haya cumplido los objetivos económicos que determina la Ley. Ha de seguir, necesariamente, enjugando deuda.
- Si el Ayuntamiento gasta por debajo de lo que tenía presupuestado, la consecuencia va a ser que en el ejercicio posterior ese límite de gasto se verá igualmente reducido. A modo de ejemplo, si en 2016 tienes 10 millones para gastar y (porque has gestionado bien o incluso algún proyecto ha quedado a medias entre dos ejercicios) y sólo has gastado 9 millones, al año siguiente no te van a permitir gastar más de esos 9 millones, pero igualmente ocurrirá en los ejercicios sucesivos, uno tras otro. Eso es, has rebajado tu techo de gasto para siempre, al menos hasta que cambie la ley, y con independencia de que la institución viera aumentados sus ingresos.
En consecuencia, si un Ayuntamiento quiere o necesita poder gestionar el mismo presupuesto que en el año anterior (o no inferior, al menos) se ha de poner a gastar hasta el último céntimo para que no le rebajen esa cantidad, que seguramente necesita ya que lo habitual es que las necesidades crezcan y las exigencias aumenten conforme se va resolviendo la situación económica general.
Es ahí donde el Ayuntamiento interpreta que se da una perversión de la regla de gasto, porque de alguna manera penaliza o atenaza a las entidades más cumplidoras. Ahorrar no es un incentivo inmediato.
Por este motivo, el Grupo Popular, desde la convicción más absoluta de que hay que seguir manteniendo un ritmo de control exhaustivo de gastos desde la responsabilidad a la que obliga la gestión de los caudales públicos, pero consciente también de que la asfixia económica en este municipio se ha resuelto muy satisfactoriamente (estamos a la mitad del límite de endeudamiento permitido), solicitará al Gobierno que promueva la lógica corrección de una ley que ha sido muy útil pero que no puede suponer ahora un cortapisas o un freno para los que mejor cumplen con ella.