La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mahón, Águeda Reynés, ha lamentado que otra vez las formas utilizadas por la Alcaldesa y el equipo de Gobierno, esta vez por el tema del agua no potable, no hayan sido las que predicaban en la campaña electoral.
El Partido Popular de Mahón votó en contra en el último pleno, de la propuesta de adenda al contrato del servicio de agua y saneamiento de Mahón, suscrito con la empresa Hidrobal y comunicó que interpondrá recurso de reposición ante la misma así como que presentará alegaciones a la ordenanza donde se aprueba una subida de las tarifas del agua que ahora es: agua no potable.
Durante nuestro mandato recibimos varias herencias envenenadas e intentamos solucionarlas, pero no a costa de los mahoneses, no estábamos dispuestos a subir las tarifas de agua un 40%, para solventar un tema pendiente del equipo de gobierno anterior.
Según la Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mahón explica que se hizo un gran trabajo por parte de los servicios técnicos y económicos municipales durante el anterior mandato, para reconstruir el expediente y poder así buscar solución a este grave problema. Así pues se llevaron a cabo labores de análisis, inventario y reconstrucción de expedientes, con unos resultados nada alentadores.
Las conclusiones de los servicios técnicos del Ayuntamiento, de los servicios económicos y principalmente de intervención nos dejaban claro y patente que era imposible avanzar en la resolución de este tema conforme a las reiteradas demandas de la empresa Hidrobal, empresa por cierto tan responsable como el propio Ayuntamiento en la cuestión del agua no potable.
De tal situación se llegó a la conclusión que la única fórmula viable para solucionar este problema, garantizando el cumplimiento de los trámites y requisitos administrativos y jurídicos a los que una administración pública está obligada, no podía ser otra que la vía judicial a la cual se podría llegar por iniciativa municipal, empresarial o acudiendo a ella de común acuerdo entre ambas partes.
Es por eso que el Grupo Municipal del Partido Popular no podía aprobar una propuesta presentada por el equipo de gobierno conformado por ARA Maó y PSOE, que según informe de los servicios de intervención habla claramente de una SUBVENCIÓN ECONÓMICA a la empresa concesionaria.
La demostración es clara, todo el entramado burocrático es consecuencia de una negociación comercial pura y dura en la cual consideramos que no se han defendido suficientemente los intereses del Ayuntamiento y por tanto de los mahoneses aunque tal vez sí los de los equipos de gobierno anteriores conformados por PSOE+PSM+IU.
Y quede claro que no estamos en contra de que el Ayuntamiento pague lo que le corresponda, pero que lo haga de forma controlada y correcta, administrativa y jurídicamente y sin crear agravios comparativos a otras empresas o a los propios ciudadanos, es por eso que el Partido Popular solicitó al equipo de gobierno que se retirara la propuesta y que trasladaran de común acuerdo con la propia empresa el tema a los tribunales, que para eso están, y que fueran ellos quien dictaminaran lo que corresponde pagar al Ayuntamiento y poderlo hacer así de forma regular, correcta y sobre todo legal y sin el reparo de los servicios de intervención y, si en todo el proceso surgen responsabilidades por una gestión irregular, que a quien le corresponda las asuma como debe hacerse en un estado de derecho y reclama hoy más que nunca la ciudadanía.
Finalmente y para mayor gravedad de la situación, la firma de la adenda venía acompañada con una propuesta de revisión al alza de tarifas del agua.
Nuestra opinión es que no se puede subir el agua cuando la ordenanza habla de agua potable y no se está suministrando actualmente, no se puede subir el agua como justificación para apoyar políticas de reducción del consumo cuando esta es agua no potable, cuando los criterios del actual equipo de gobierno siempre han dicho que hay que educar y no penalizar; no se puede subir el agua mediante la penalización de lo que se denomina grandes consumidores porque directa e indirectamente se está penalizando a toda la población y demuestra claramente que ésta es, para más gravedad, una subida ideológica y sectaria y por último no se puede subir el agua cuando, dicha subida se basa en un acuerdo y una adenda al contrato que tienen reparos de los servicios económicos, jurídicos y especialmente intervención del Ayuntamiento.