El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia condenando a la pena de un año y seis meses de prisión, inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos por tiempo de cuatro años, multa de 3.650 euros y pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular que ejercíamos desde UPCM a una ex concejal por el caso del expediente que hizo desaparecer. Con esta resolución del Tribunal Supremo queda demostrado definitivamente que teníamos toda la razón al denunciar lo que constituye un delito tipificado en el Codigo Penal como es la “infidelidad en la custodia de documentos públicos” que comete quién los destruye, sustrae, oculta o hace desaparecer.
Anecdóticamente, recuerdo como en una ocasión esa exconcejal me amenazó en un Pleno con denunciarme en el Juzgado cuando desde UPCM evitamos mediante la oportuna moción que se pagaran 139.200 euros a determinada empresa -que ella estaba empeñada en pagar – por la redacción de un proyecto de obras encargado ilegalmente a dedo, cuando la Ley establecía que no podían realizarse directamente sin concurrencia adjudicaciones superiores a los 12.000 euros, a pesar de lo cual pretendía pagar nada menos que 139.200 por un encargo realizado al margen de todo procedimiento de contratación. Teníamos tanta razón que de eso hace ya ocho años y la empresa en cuestión ni ha interpuesto contencioso ni ha reclamado judicialmente cantidad alguna, seguramente consciente de que estaba complicada en una irregularidad mayúscula, circunstancia que no sólo justificaba que el Ayuntamiento no pagara la factura emitida, sino que además el asunto podía llegar a tener eventualmente implicaciones de carácter legal o judicial.
En cuanto a la amenaza de denunciarme, por supuesto que no la cumplió, a pesar de que yo mismo la insté a hacerlo a la mayor brevedad “para ver si excepcionalmente y al menos por una vez hacía lo que decía”, matizando que me encantaría verla contar al Juez porqué insistía tanto en pagar 139.200 euros del dinero de todos los contribuyentes por un encargo realizado de forma manifiestamente ilegal utilizando un subterfugio.
Cuando fue condenada unánimemente por primera vez por un Tribunal del Jurado formado por 9 ciudadanos trascendió en los medios cómo, después de manifestar que la denuncia de UPCM por la desaparición de un expediente era fruto de una imaginaria “represalia” contra el PP -pasando por alto que cuando se interpuso la demanda hacía más de dos años que la denunciada ya no era militante del PP, sino una tránsfuga del PP-, en una lastimera intervención la implicada en los hechos achacó la denuncia a una supuesta “persecución política” por mi parte, e incluso le contó al jurado -al que no debió convencer ni mucho ni poco a la vista del veredicto- lo mal que yo se lo hacía pasar en los plenos, supongo que cuando sucedían anécdotas como la anteriormente relatada o -por poner otro ejemplo entre muchos- cuando denuncié el mal uso que algunos miembros del llamado “Grupo Mixto” hacían del móvil municipal cargando a los contribuyentes “mensajes de pago” que recibían e incluso en un caso la emisión de 128 llamadas internacionales particulares a un familiar en el extranjero.
Claro que, yo no voy a los Plenos para hacerle pasar el rato a nadie y menos todavía para consentir fechorías, sino para defender los intereses generales de todos los ciutadellencs que frecuentemente estaban en conflicto con diferentes actuaciones de miembros del “Grupo Mixto”.
Aunque no adoptaré un tono plañidero, ni enumeraré toda la gama de presiones, insidias y coacciones que hemos sufrido e incluso padecido en nuestro entorno familiar bastantes miembros de UPCM por el simple hecho de cumplir con nuestro deber, no tolerar lo intolerable y procurar que las cosas se hagan correctamente, si diré que quienes realmente “persiguieron” al pueblo con sus despilfarros, sus irregularidades, su prepotencia y sus corruptelas fueron algunos de los tránsfugas del “Grupo Mixto” y sus compañeros de viaje.
Y lo que se ha demostrado es que UPCM tenía razón y no denunciamos a la ligera, porque sin contar con las contradicciones y falsedades manifiestas de la condenada que han salido a relucir en sede judicial, las pruebas indiciarias de su irregular y –en apreciación unánime del jurado delictiva actuación- eran tan abrumadoras, que la Sentencia que le condenaba y que ahora ya es firme ha sido confirmada en su integridad por el “Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears”, primero y por el Tribunal Supremo después.
Desde UPCM estamos razonablemente satisfechos de haber defendido el interés general frente al despotismo de políticos que se creen que, abusando del ejercicio de sus cargos públicos pueden hacer lo que les da la gana, incluso pasando por encima de la legalidad vigente, de manera que se ha demostrado que la ilegalidad como la copa de un pino que denunciamos en su momento era constitutiva del delito por el que la ex concejal ha sido condenada.
Y naturalmente estamos razonablemente satisfechos de haber contribuido a desterrar la corrupción del Ayuntamiento de Ciutadella y a regenerar la vida política.
Autor: Joan Triay