Calbarro pone como “lamentable ejemplo” las ventajas que el aforamiento otorga a personajes como Mª Antònia Munar a la hora de preparar su defensa en juicios como el que se celebra estos días a cuenta del escándalo de Can Domenge.
El pasado 19 de junio PP y PSOE rechazaron una proposición no de ley de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso de los Diputados para que se debatiera en el pleno la reducción al mínimo del número de aforados, es decir, ciudadanos que debido a su cargo gozan de una protección jurídica especial.
Juan Luis Calbarro, portavoz del partido magenta en las Islas, recuerda que “sólo en nuestra comunidad hay cientos de personas que gozan de este privilegio arcaico, incompatible con los principios que deben regir en un estado democrático”.
En España hay actualmente cerca de 10.000 aforados, desde diputados y senadores hasta secretarios y subsecretarios de Estado, pasando por numerosos jueces y magistrados e incluso el Rey. Para Calbarro se trata de “una cifra escandalosa que se ha multiplicado gracias a que la legislación atribuye a los Estatutos de Autonomía la capacidad de extender esta protección a los cargos de sus instituciones, potestad que todas las normas autonómicas han aprovechado. Sólo en Baleares tenemos más aforados que en el resto de países de la UE juntos. En países como Francia la condición de aforado se limita al presidente de la República y a los miembros del Gobierno, mientras que en el Reino Unido y Alemania ni siquiera existe esta figura procesal. La protección procesal que concede España a sus parlamentarios y autoridades es exagerada e injustificada”.
“Un lamentable ejemplo de la injusticia que supone este privilegio -señala el portavoz de UPyD- lo estamos viviendo estos días con el juicio a Mª Antònia Munar y la cúpula de UM por el chanchullo de Can Domenge, en el que su condición de aforada le ha permitido organizar su defensa con más instrumentos y ventajas de los que se podría servir un ciudadano de a pie”.
Fuente: UPyD Baleares